Juicio Político contra magistrada, muestra que en Veracruz nadie está por encima de la Ley: Víctor Vargas
-Como servidores públicos debemos poner el ejemplo a la ciudadanía, de que el piso es parejo en materia legal.
Xalapa, Veracruz., 20 de Marzo de 2021.- Tras aprobarse con 35 votos a favor de la procedencia del Juicio Político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Poder Judicial del Estado, el diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos aseguró que con este hecho se demuestra que en Veracruz nadie está por encima de la Ley.
“El piso es parejo y la Ley se debe aplicar sin distingos, trátese de ciudadanos o de servidores públicos como ocurrió en el caso de la magistrada del Poder Judicial, cuya sanción habrá de ser fijada por el Tribunal Superior de Justicia y que podrá ir desde la destitución hasta la inhabilitación por 10 años”, enfatizó el legislador, Presidente de la Comisión Permanente Instructora.
Al término de la Sesión Extraordinaria, que con carácter de privada se realizó en el Congreso local, el representante popular destacó que el Dictamen se sustentó en las faltas a los procedimientos y actos tipificados como usurpación de funciones en que incurrió la denunciada, descartándose situaciones de carácter político como se argumentó por parte de la defensa.
El diputado Presidente de la Comisión Permanente Instructora de la Legislatura sostuvo que este caso es una lección para todo servidor público en Veracruz, pues queda claro que hoy se viven tiempos diferentes en los cuales nadie puede estar por encima de la Ley y que ésta se aplica de manera pareja, trátese de quien se trate.
Sostuvo que una vez que el Pleno aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente Instructora se turnará, junto con el respectivo expediente, al Tribunal Superior de Justicia para que éste lo remita a la Sala Constitucional y ahí se realice un nuevo proyecto de resolución con base a los argumentos que presente la magistrada en cuestión así como del Dictamen de la Comisión Instructora. Tendrá que ser votado por dos terceras partes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y la sanción podría ser la destitución e inhabilitación hasta por 10 años.
