• Diputadas se pronuncian a favor de que deudores alimentarios no puedan ocupar cargo alguno.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó dos minutas remitidas por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en materia de servicio público. Ambos proyectos legislativos fueron presentados y votados en la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

La primera, que contó con 42 votos a favor, cero en contra y una abstención, es una Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que para ser diputado se requiera tener 18 años cumplidos el día de la elección y para ser Secretario de Estado, ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos.

La segunda, que registró 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Carta Magna, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

Asimismo “por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Posicionamientos

Respecto de la segunda minuta, la diputada Maribel Ramírez Topete, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma constitucional que se propone incide en la ética pública y en la política y consideró necesario garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a un cargo público.

Para el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró la diputada Anilú Ingram Vallines, es prioridad frenar la violencia de género, estimó que cada esfuerzo que se haga contra la violencia hacia las mujeres puede ser salvar una vida y reconoció la contribución de las organizaciones de la sociedad civil.

La diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez expresó que el voto del Grupo Legislativo de Morena a favor mira a “cerrar constitucionalmente el paso a quienes cometan violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y a quienes sean declaradas como personas deudoras alimentarias morosas”.

Esta reforma constitucional, dijo la diputada Verónica Pulido Herrera, hace justicia a muchas mujeres que viven todo tipo violencia. Afirmó que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) está a favor de las mujeres y se pronunció por la pronta aprobación de las propuestas de reforma al Código Penal para prevenir y castigar las agresiones con sustancias químicas y el acoso callejero.

Por último, la diputada Ruth Callejas Roldán, del partido Movimiento Ciudadano, pidió “a las instituciones que serán las ejecutoras de esta ley que actúen con responsabilidad y objetividad y que procuren justicia y con perspectiva de género”.

Aprobadas ambas minutas, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Margarita Corro Mendoza, instruyó emitir el decreto correspondiente, turnarlo al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado y remitirlo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

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